fbpx

¿La Guardia Nacional es buena estrategia para combatir el crimen organizado?

Por Ricardo Solano Olivera.

 

Más allá de consideraciones legales en cuanto a si una Guardia Nacional, como ha sido propuesta por MORENA y por el presidente   Andrés Manuel López Obrador, es constitucional o no, vale la pena discutir si la conformación de este cuerpo -por sí misma- basta para combatir el crimen organizado en México.

Una estrategia puede definirse como un conjunto de principios que se aplican para lograr un propósito en largo plazo. Estos principios guían el trabajo diario de una o varias organizaciones para alcanzar los objetivos definidos. Una estrategia bien formulada guía la asignación de recursos de acuerdo con las competencias y las deficiencias de cada organización; es decir, una estrategia debe definir la asignación de recursos más adecuada para lograr sus objetivos (Gottschalk, 2008). Una planificación estratégica considera cómo podría verse el futuro utilizando metodologías de planificación formal de una manera proactiva para así controlar y producir un resultado articulado; esto, en forma de un sistema integrado de decisiones (Gottschalk, 2008, Zhao, et al., 2008, Mintzberg, 1994).

La planificación de una estrategia debe ir seguida de su implementación. Ésta debe tener prioridad y dirección; es decir, tener una serie de objetivos específicos que hagan alcanzar el objetivo último de la estrategia en un tiempo determinado. Podemos dividir las estrategias para combatir a las organizaciones criminales en tres enfoques principales: preventivo, económico y represivo.

Las estrategias preventivas son aquellas dirigidas a evitar delitos mediante el aumento de la vigilancia policial y las penas o sanciones. En este sentido, las expectativas de criminales en potencia con respecto al castigo determinan las tasas de delincuencia (Kugler, et al., 2005). No obstante, el castigo esperado depende no solo de la severidad del castigo, sino también de la probabilidad de ser procesado si el delito es cometido. Por lo tanto, las sanciones constituyen un costo que, multiplicado por la probabilidad de detención, debe ser suficiente para disuadir a los criminales (Kopp, 2004).

Sin embargo, en una situación en la que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están mal pagados, hay corrupción, y existe un gobierno débil, el aumento de las sanciones puede generar tasas de criminalidad más altas; además, el precio de la corrupción también podría aumentar. En otras palabras, el costo de cometer delitos aumenta debido a los aumentos en la vigilancia y las sentencias. La respuesta óptima del crimen organizado para enfrentar estos costos más altos es aumentar el soborno para disminuir la probabilidad de sanción (Kopp, 2004, y Kugler, et al., 2007). Por lo tanto, las estrategias de prevención o disuasión solo se pueden usar cuando se respeta el estado de derecho y cuando el sistema legal y las agencias de seguridad no están corrompidas.

Las estrategias económicas son aquellas que tienen como objetivo romper el aparato financiero de las organizaciones criminales, principalmente a través de políticas contra el lavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales ocultan la existencia, la fuente ilegal o la aplicación ilegal de ingresos y disfrazan esos ingresos para que parezcan legítimos (Driggers, 2011).

Limitar las posibilidades de que los delincuentes disfruten de los ingresos de sus actividades delictivas, como una forma de evitar la comisión de delitos, es menos costoso y más efectivo. Así, una estrategia efectiva contra el lavado de dinero debe tener dimensiones represivas y preventivas. El mecanismo represivo tiene como objetivo detectar y sancionar a los agentes que transgreden la ley, mientras que la dimensión preventiva busca una “moralización” de los sectores bancarios y financieros a fin de que aumenten los mecanismos que les permita detectar clientes dudosos para denunciarlos ante las instancias correspondientes (Kopp, 2004).

En este sentido, una buena estrategia económica necesita un adecuado sistema de monitoreo privado; es decir, una alianza entre el sector público y privado. No obstante, la efectividad de este tipo de estrategias es muy confusa porque es imposible conocer la cantidad exacta de dinero lavado en un país determinado.

Las medidas represivas, por lo general, se centran en los proveedores dentro de los mercados ilegales, con el objetivo de capturarlos y procesarlos. La lógica de estas estrategias es que quitar a los proveedores pueden llevar a un aumento de los precios y, como consecuencia, a una reducción del consumo. No obstante, esto depende de la reacción de los distribuidores y de la naturaleza de la demanda de los consumidores. No está claro si la demanda de los consumidores es inelástica o elástica (cada suposición conduce a un resultado diferente), o incluso si la represión en realidad conduce a un aumento en los precios (Kopp, 2004). Estas estrategias reconocen que las condiciones subyacentes de los mercados ilegales son imposibles de erradicar, pero el objetivo de las políticas públicas es minimizar los costos sociales asociados con el narcotráfico hasta el punto en que se alcance un equilibrio óptimo, de acuerdo con la teoría económica.

La Guardia Nacional, como un cuerpo burocrático-militarizado (ver Ponsaers, 2001), entraría dentro de una estrategia represiva; misma estrategia que han seguido los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieta. Las estrategias represivas llevan, invariablemente, a la fragmentación de organizaciones criminales. Y esta fragmentación, al aumento de la violencia. La única forma en que la fragmentación no conduzca al incremento de las tasas de criminalidad es implementando estrategias preventivas y económicas a la par (ver Solano, 2015).

Es decir, solo si la probabilidad de que la comisión de un delito va a llevar necesariamente a una sanción, sin importar su duración o el tipo de ésta (privativa o no de la libertad), se podrá reducir la criminalidad. Mientras que la corrupción siga permeando en el aparato de justicia mexicano, estas medidas represivas solo lograrán aumentar el precio de la corrupción, no desincentivar la comisión de delitos.

¿Quieres saber cómo afectan las tasas de violencia en México a tu organización y cómo puedes estar mejor preparado para evitar una crisis por la inseguridad? Acércate a Riesgos Políticos para brindarte una asesoría personalizada, info@riesgospoliticos.com.mx.

 

Photo by Velizar Ivanov on Unsplash

 

Referencias:

Driggers, A. (2011). “Money Laundering.” American Criminal Law Review 48, 929-953.

Gottschalk, P. (2008). Knowledge Management in Policing. Enforcing Law on Criminal Business Enterprises. New York: Hindawi Publishing Corporation.

Kopp, P. (2004). Political Economy of Illegal Drugs. New York: Routledge.

Kugler, M., Verdier, T., and Zenou, Y. (2005). “Organized Crime, corruption and punishment.” Journal of Public Economics 89, 1639-1663.

Mintzberg, H. (1994). “Rounding on the managers’ job.” Sloan Management Review 36 (1), 11–26.

Ponsaers, P. (2001). Reading about “community (oriented) policing” and police models. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management 24 (4), 470-496.

Solano, R. (2015). Governance of Criminal Organizations. Is fragmentation the solution? (Tesis de Maestría). Universidad de Leiden, La Haya, Países Bajos.

Zhao, J., Thurman, Q., and Ren, L. (2008). “An examination of strategic planning in American law enforcement agencies.” Police Quarterly 11 (1), 3–26.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Deja un comentario