fbpx

COMENTARIOS AL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD 2018 – 2024.

Agradecemos a la Dra. Elena Azaola Garrido por permitir a Riesgos Políticos, S.C., publicar la ponencia que dio en el  evento denominado “Cinco Opiniones sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO,” llevado a cabo en el marco del Seminario sobre Paz y Violencia del Colegio de México, el 27 de noviembre de 2018.

 

COMENTARIOS AL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD 2018 – 2024.[1]

Elena Azaola[2]

 

  • Agradezco mucho al Seminario por la valiosa oportunidad que nos brinda a todos de estar hoy aquí. Muchas gracias, Sergio.

 

  • Durante la última semana hemos asistido a un intenso debate en torno a la política de seguridad propuesta por el próximo gobierno. A grandes rasgos, las posturas se dividen en dos grandes grupos: el de los que consideran que se trata de un modelo que militariza y legaliza la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, lo que resulta inaceptable, y el de los que consideran que, a pesar de la participación de los militares y de que éstos tendrán el mando operativo de la Guardia Nacional, la conducción de la seguridad será de carácter civil dado que el Ejecutivo mantendrá el mando supremo. En mi opinión, ambos grupos tienen algo de razón y voy a tratar de explicar por qué empleando la imagen de lo que caracterizo como un modelo de seguridad “híbrido” o “transgénico”.

 

  • De acuerdo con el diccionario, “transgénico es un adjetivo que se utiliza para designar a todos aquellos seres vivos que han nacido con su información genéticamente alterada”. Es también, de acuerdo con otra definición, “un organismo que ha sido modificado genéticamente incorporando genes de otros que desarrollan una función especial”.[3]

 

  • Utilizo esta analogía para destacar que me parece que el modelo de seguridad propuesto es un experimento audaz que combina la participación e incluso el papel protagónico de las fuerzas armadas con la construcción de un proceso de paz y la implementación de mecanismos de justicia transicional. Es por ello que le llamo un modelo transgénico o genéticamente alterado.

 

  • Para comenzar, el nombre que se asigna a la nueva “Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, refleja el deseo de colocarse en una posición de avanzada, una que considera que la seguridad tiene por función primordial la protección de la vida, los derechos y los bienes de los ciudadanos, en contraposición con la denominación tradicional de “Seguridad Pública”, que históricamente concentró su misión en resguardar el orden asumiendo que la permanencia y los intereses del gobierno en turno eran la única forma de garantizarlo. En este sentido, haber optado por la nueva denominación podría significar desmarcarse de aquella noción y colocarse al lado de una seguridad propia de un régimen democrático. La verdad, hay que decirlo, es que ya nos habíamos tardado en adoptar este enfoque en comparación con otros países latinoamericanos que llevan más de una década aplicando distintos modelos de “seguridad ciudadana”. Sin embargo, ¿qué nos dice el hecho de que esta nueva Secretaría decida ceder sus facultades, su presupuesto, la fuerza con la que cuenta y el mando de los operativos a la Secretaría de Defensa? Esto es lo que establece el segundo transitorio de la Iniciativa de Ley para crear la Guardia Nacional que faculta al Ejecutivo para emitir las disposiciones necesarias para que las funciones previstas en la Ley de la Policía Federal sean gradualmente asumidas por la Guardia Nacional y pueda llevarse a cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

 

  • Otro gran problema es el esquema que propone el próximo gobierno para ejecutar las políticas de seguridad en las entidades, colocando a la cabeza a los coordinadores estatales del gobierno federal y supeditando a éstos a las autoridades estatales, lo que ha generado un gran descontento e inconformidad entre los gobernadores. “Este desdén, -dijo un grupo de gobernadores- es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.[4] Esto anticipa posibles conflictos en la implementación del modelo de seguridad, aunque no podemos dejar de hacer notar que la concurrencia que mencionan los gobernadores es la misma que tantas veces les reclamó el actual gobierno sin haber logrado mayores resultados.

 

  • Por otro lado, hay que decir que hoy se cuenta en nuestro país con una buena cantidad de datos, cifras oficiales y diagnósticos que el Plan Nacional pasa por alto o, por lo menos, no cita. Por ejemplo, si uno analiza los informes que anualmente rinde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos constar que, de 2006 a la fecha, los integrantes de las Fuerzas Armadas han sido señalados como responsables del 70% de los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, el Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura, señaló recientemente: “la tortura es un riesgo predecible y hay evidencias de ello por todas partes ¿cuántos casos más de tortura se requieren para que se aprenda la lección?”.[5] Al respecto el Plan solamente dice que “nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”. Sin embargo, no dice cómo logrará erradicar estas prácticas que son parte de la rutina cotidiana y del ADN de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como lo muestra, por ejemplo, la reciente Encuesta levantada por el INEGI en centros penitenciarios en la que señala que 57% de las personas privadas de libertad proporcionaron información detallada de la forma en que fueron torturados principalmente en el momento de su detención.

 

  • Frente a esto, es cierto que el Plan señala que la Guardia Nacional, que podrá colaborar como auxiliar del Ministerio Público, no podrá llevar detenidos a las instalaciones militares y que, en caso de que algún elemento cometa hechos tipificados como delitos, tendrá que ser juzgado por autoridades civiles. Sin embargo, a partir de la sentencia sobre el Caso Radilla, esta disposición ya se halla en vigor sin que ello hubiera tenido mayores efectos en que los casos de tortura hubieran sido efectivamente investigados y sancionados y en que esta práctica se hubiera erradicado. También señala el Plan que, a los elementos adscritos a esta nueva corporación, se les impartirán, entre otros, cursos de derechos humanos y protocolos sobre uso legítimo de la fuerza, lo que también se ha venido haciendo desde hace más de una década con los resultados que todos conocemos.

 

  • En cuanto a cómo se integrará la Guardia Nacional, lo que se ha anunciado es que se incorporarán a ésta alrededor de 36 mil policías militares, 10 mil policías navales y 37 mil policías federales. A ellos se sumarán 50 mil elementos que se propone reclutar y capacitar en un lapso de tres años. Esta propuesta anuncia resultados inciertos por varias razones. Primero, porque la policía militar y la naval se distinguen poco de los militares y marinos que han participado en operativos durante los últimos años, con los lamentables resultados que todos conocemos. Segundo, porque no es claro por qué si se tienen dudas acerca del desempeño de la Policía Federal, se propone incorporarla a la Guardia Nacional. Y, tercero, en cuanto a los 50 mil nuevos elementos que se piensa reclutar, no parecen haberse calibrado la magnitud de los retos y costos que supone un proceso de selección, reclutamiento, capacitación y certificación rigurosos como los que se requieren para asegurar el éxito de esta nueva corporación. Tampoco parece tenerse claro que las funciones y el entrenamiento que requieren militares y policías son distintos y que no conviene improvisar, apresurar o tomar a la ligera la capacitación de quienes tendrán en sus manos la seguridad de los ciudadanos.

 

  • Hay que hacer notar, por otro lado, que nadie ha puesto hasta ahora en duda las buenas intenciones que tiene el Plan y que no han generado debate quizás porque suscitan mayor simpatía. Me refiero a los puntos relativos a: erradicar la corrupción; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; respetar y promover los derechos humanos; recuperar y dignificar las cárceles y modificar la política respecto al combate contra las drogas. Estas propuestas parecen apuntar a un concepto, -apropiado desde mi punto de vista-, en el que la seguridad es mucho más que el combate a la delincuencia organizada, como lamentablemente parecen haberla concebido los dos sexenios anteriores. En contraposición, queda claro que el nuevo gobierno entiende que la seguridad requiere de una mayor y mejor coordinación y armonía con las políticas sociales, económicas y culturales para poder alcanzar sus objetivos. Sin embargo, alcanzar cada una de las metas que se mencionan, impone retos de gran envergadura que el Plan no contempla puesto que sólo enuncia los propósitos, pero no se ocupa de desarrollar las estrategias ni las acciones concretas que se requieren para lograrlas ni tampoco hace mención de los diagnósticos y las evidencias en que se sustentan dichas propuestas. Los fines son, desde luego, atendibles, pero los medios no quedan claros ni tampoco los indicadores que se requieren para medir los avances y evaluar los resultados. Es por ello que, mientras todos podemos coincidir con los buenos deseos y con la necesidad de modificar las políticas de seguridad de los últimos años, seguramente habrá más desacuerdos en relación con los “cómos”: es decir, en lo que se requiere para alcanzar cada una de las metas propuestas.

 

  • Menciono otros propósitos que refiere el Plan y que me parecen acertados: atacar las causas que se hallan en la raíz de la espiral de violencia y no sólo sus consecuencias; ocuparse de los delitos de cuello blanco; ensanchar la soberanía de los individuos y las colectividades; transitar de una autoridad vengativa a otra justa; dignificar las cárceles e impulsar los programas de reinserción social. Sin embargo, de nueva cuenta, los “cómos” se hallan ausentes.

 

  • Por lo que se refiere a la propuesta de emprender un proceso de construcción de la paz y de “adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas”, no podemos dejar de preguntar: ¿cómo hacer compatible este proceso con el de la ampliación de las facultades y el otorgamiento del mando operativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas? ¿cómo hacer compatible un propósito con el otro cuando, como lo han señalado con insistencia tanto los organismos de derechos humanos nacionales como internacionales, la participación de estas fuerzas en tareas de seguridad durante los últimos años no ha logrado reducir la inseguridad ni la violencia y sí, en cambio, las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado?[6] ¿Será que las nuevas víctimas que pudiera llegar a producir esta política en manos de una Guardia Nacional militarizada se tenga previsto canalizarlas a la oficina de al lado, es decir, a la que se encargará de las comisiones de la verdad y los mecanismos de la justicia transicional?

 

  • En suma, el reto que se plantea es: ¿cómo juntar las piezas de este modelo híbrido o transgénico, que está compuesto por organismos cuyo ADN parece incompatible: unos inclinados hacia la continuidad de la guerra, mientras que otros avocados a construir la paz? …. Me resisto a especular sobre cuál puede ser el resultado de esta propuesta. Sin embargo, y para concluir, no puedo dejar de celebrar la intención de cambio y de compartir los sueños y los anhelos de que logremos arribar a una sociedad más justa, más igualitaria y menos violenta en la que prevalezca el respeto a la vida y a la dignidad de todos.

 

[1] Comentarios presentados en la sesión del Seminario sobre Paz y Violencia de El Colegio de México el 27 de noviembre de 2018.

[2] Antropóloga y psicoanalista, investigadora del CIESAS, eazaola@ciesas.edu.mx

[3] Diccionario Enciclopédico Vox 1, 2009 Larousse Editorial, S.L.

[4] Carta abierta al Lic. Andrés Manuel López Obrador, suscrita por doce gobernadores y publicada en El Universal, 22 de noviembre de 2018: A9.

[5] “Con militares hay riesgo de tortura”, Reforma, 19 noviembre, p. 6.

[6] Posicionamiento del Consejo Consultivo de la CNDH en torno al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, El Universal, 23 de noviembre de 2018: A15.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Deja un comentario